ANTE LA MÁS ABSOLUTA INDEFENSIÓN

Hoy vamos a hablar de los fondos buitre que se han hecho con el control del mercado de la vivienda protegida. Una vez más, y ya he perdido la cuenta, lo españoles nos encontramos absolutamente indefensos ante las corruptelas y negocios de dudosa legalidad, propiciados, cuando no directamente participados por la administración. 

¿Cómo lo han llevado a cabo? ¿Por qué los bancos venden ahora a estos fondos buitre?

¿Por qué la administración no solo no lo ha impedido sino que lo ha propiciado? 

Tras el estallido, por otra parte previsible de la llamada burbuja inmobiliaria comenzó a escribirse el guion de esta historia. El ministro de economía Luis de Guindos, aprobó diversos decretos al dictado de Bruselas, que exigían a la banca provisiones por suelo, promociones inmobiliarias y créditos que en algunos casos superaban con creces el 50% del valor, e incluso daban por perdidos préstamos. Y han sido estos decretos junto a las necesidades del "banco malo" (Sareb) lo que ha extendido la alfombra roja para el despliegue inmisericorde de los fondos buitre.  Las cuentas de pérdidas de los bancos se incrementaron artificialmente de modo que los bancos, vendían a estos fondos oportunistas aunque fuera con una ganancia mínima.

De este modo tan simple, el terreno quedó abonado para que la administración pasara a hacer lo mismo. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vieron en ello una gran oportunidad de sanear sus deficitarias cuentas a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (E.M.V.S) y del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). De la noche a la mañana y en menos de 6 meses se vendieron 3.000 pisos  a estos fondos buitre y miles de madrileños pasaron de vivir en una vivienda de protección oficial a hacerlo una de propiedad privada, aunque se tratara de la misma, lo que se tradujo en un incremento del alquiler, que en muchos casos no se podía afrontar, y el posterior e inevitable desahucio, ante la incapacidad y la falta de decisión  de nuestros políticos por evitarlos.

El negocio fue muy lucrativo para el fondo de inversión Goldman que adquirió 201 viviendas a un precio medio de 63.000 euros cada una, un precio claramente por debajo del precio de mercado.

Lo realmente perverso, es que esta operación acabó costando 300 millones a las arcas públicas y cerca de 500 a los inquilinos, que habían firmado un contrato de alquiler con opción a compra que se triplicó de un día para otro.

Ante todos estos desmanes y abusos se han creado varias plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) que junto con el PSOE han interpuesto un recurso contra la Comunidad de Madrid para evitar lo que consideran un "desmantelamiento y expolio de la vivienda pública", en el que se acusa al gobierno la Comunidad de  Madrid presidido por Ignacio González de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada al haber vendido por 200 millones de euros unas viviendas cuyo precio sería en realidad de cerca de 400 millones.

El Ayuntamiento de la capital aseguró por su parte, que se mantendrían los alquileres como estaban antes de la operación, pero la lamentable realidad es que al final desde el consistorio han mirado hacia otro lado intentando lavarse las manos, al matizar tras conocerse el  más que notable incremento de los precios que  estos "se mantendrán durante el tiempo establecido" en el contrato. Una vez finalizado éste, el fondo buitre solamente ofrece dos soluciones: O pagas por el piso en el que hasta ahora estabas viviendo el precio que ellos decidan o te desahucian.

Así las cosas, el negocio no puede ser más lucrativo, ya que una vez los pisos queden libres, estos podrán venderse al precio del mercado.

Con todo lo anteriormente dicho, creo que a los inquilinos únicamente les quedan dos opciones: La pelea judicial o alinearse con los movimientos okupas. Recientemente hemos visto como 200 de estos pisos situados en el ensanche de Vallecas adquiridos por los fondos buitre al IVIMA han sido ocupados. Manuela Carmena ha admitido que “La situación es grave. Las ocupaciones ilegales implican drogas, suciedad, inseguridad y temor. No las puede evitar el Ayuntamiento pues tienen que ser los juzgados los que ordenen la salida de estas personas, pero esto no impide que seamos conscientes del problema y que estemos dispuestos a hacer todo lo que está en nuestra mano”.

Buenas palabras, pero siguen sin hacer nada.

Mientras tanto las ocupaciones continúan y sigue habiendo miles de casa vacías en manos de los fondos buitre, que no han acabado en manos de aquellas personas para las que se construyeron, sino en manos fondos buitre que las sacan al mercado o de mafias organizadas que las ocupan y las realquilan.

No resulta extraño que la ciudadanía hay perdido en gran medida, cuando no por completo, la confianza en la clase política. Pero lo peor de todo es, que mientras tanto, los ciudadanos seguimos sin reaccionar como deberíamos, pese a estar anta la más absoluta indefensión. 

Y ellos, los políticos, tanto unos como otros siguen sin hacer nada.

FONDOS BUITRE

Después de hacer un pequeño coloquio sobre el controvertido tema de los fondos buitre, de las especulaciones, del "tejemaneje" que se lleva realizando desde hace años con las viviendas pertenecientes al IVIMA y al Ayuntamiento de Madrid, queda en el aire el sentimiento de indignación y de impotencia de todos nosotros. El derecho a una vivienda digna se ha convertido en un tópico, en algo que, apareciendo como uno de los derechos esenciales de nuestra Constitución, queda en agua de borrajas. España se está convirtiendo en el país de los desahuciados, de los desheredados de la tierra. Veremos a ver si en el próximo gobierno se toma este grave problema como una de las primeras tareas a resolver. Eso si llegamos a formar gobierno. Los fondos buitre y las especulaciones con algo de tan primera necesidad como es la vivienda deben de acabar de una vez por todas.

Vivienda social

Como uno de los artículos de la Constitución dice que los españoles, tienen derecho a vivienda y techo justo. Pues bien los políticos se saltan a la torera esa ley. Políticos como los del PP, las señoras Esperanza Aguirre y Ana Botella, vendiendo las viviendas públicas a fondos buitres. Es decir a bancos y empresas privadas con ánimo de lucro, para así especular con ellas adjudicándolas por un precio no real a las mismas, más baratas a su coste. Eso en plena crisis que según ellos hay que practicar la austeridad, subiendo a las personas que viven en ellas el alquiler de las viviendas, no importándoles nada si trabajan o no. Lo importante es pasar a manos privadas para ellos ganar más.

Resulta que esas personas que viven en ellas, son de la población más vulnerable, por lo tanto es una violación del derecho a la vivienda que según dicen tenemos derecho los españoles y recoge la Constitución.

Pero eso no es todo, las han vendido con la gente dentro, causando desahucios masivos, que ellos mismos se encargan de ejecutar al mandar a las fuerzas policiales para asegurarse que se cumpla. Por supuesto con orden judicial, no faltaría más todo bien arreglado según marca la ley.

Eso da lugar a que un buen número de viviendas desalojadas queden vacías, cuando precisamente la población lo pasa mal, dando lugar a un movimiento OKUPA. Ahora se quejan de que hay barrios con viviendas ocupadas y personas “NON GRATAS" y mafias que se aprovechan de la situación.

El PP con su mayoría en el parlamento ya generó esa movida aprobando una ley, para que se diera lugar a esta clase de atropellos, dando pie a las comunidades y alcaldías. Para que ejecutasen esa ley discriminada con la sociedad y privatizar el sector de vivienda pública.

El caso que todo esto lleva a que haya más gente en la calle sin recursos y sin techo digno, aumentando la pobreza en la calle, claro que a ellos eso no les importa nada. Solo les importa el negocio y el capital, vulnerando así todos los derechos sociales de las personas.

Que no se quejen luego que hay movimientos okupas. Ellos son los culpables, que no solo especulan sino que además venden las viviendas con las personas dentro, vulnerando sistemáticamente los derechos sociales de las personas.